La Ley Orgánica 4/2015, conocida como 'ley mordaza', ha transformado la protesta pacífica en un riesgo legal significativo en España, afectando gravemente el activismo ambiental. Esta ley, que impone sanciones que oscilan entre 601 y 600,000 euros, ha creado un 'efecto disuasorio' que limita la capacidad de la ciudadanía para actuar en defensa de la naturaleza. Organizaciones como Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado que el miedo a las sanciones ha reducido la presión social sobre quienes dañan el medio ambiente. Además, la ley ha permitido la criminalización de acciones simbólicas y ha generado preocupaciones sobre la libertad de expresión, con activistas siendo etiquetados como terroristas por sus acciones no violentas. En un contexto de emergencia climática, esta represión del activismo representa una amenaza directa a la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. La vigilancia ciudadana es esencial, ya que muchas veces son los ecologistas quienes detectan actividades ilícitas que las autoridades ignoran. La ley mordaza, al priorizar el orden público sobre el derecho a un medio ambiente sano, desprotege a la ciudadanía y limita la capacidad de los defensores de la naturaleza para actuar sin miedo a represalias.