Desde este miércoles, Galicia, España, cuenta con una reforma de la ley de salud que busca endurecer la respuesta ante las agresiones al personal sanitario, un problema creciente en hospitales y centros de salud. La modificación, publicada en el Diario Oficial de Galicia, establece un régimen sancionador con multas que van de 300 a 15,000 euros, dependiendo de la gravedad de la agresión. Esta ley, defendida por la Xunta de Galicia como pionera, también reconoce por primera vez la violencia digital como una forma de agresión. Sin embargo, representantes del sector sanitario, como Lucía Peón, presidenta de la junta de personal del CHUAC, han expresado que aunque la ley es un paso positivo, no es suficiente por sí sola. Insisten en la necesidad de un enfoque más amplio que incluya medidas preventivas para evitar las agresiones antes de que ocurran. El sindicato médico O’Mega también ha criticado que la ley se centre únicamente en la violencia externa, dejando de lado el acoso laboral. Políticamente, la reforma recibió el apoyo del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), mientras que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se abstuvo, argumentando que no aborda el deterioro del sistema sanitario que contribuye a estas agresiones.