El informe de la comisión de investigación del Senado de España sobre el apagón del 28 de abril concluye que Red Eléctrica de España (REE), su matriz Redeia y el Gobierno son responsables del incidente, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene una responsabilidad institucional relevante. El informe señala que el apagón fue resultado de una gestión irresponsable y de políticas negligentes, y no un accidente imprevisible. Se identificaron problemas de tensión en el sistema eléctrico que ya eran conocidos, pero no se actuó con la diligencia necesaria. Además, se critica la falta de supervisión y se exige una revisión de la política energética, así como la rectificación de los responsables. Se recomienda no cerrar instalaciones nucleares hasta que existan alternativas adecuadas y se insta a que los costos extraordinarios derivados del apagón no se trasladen de manera opaca a los hogares y a la industria.