El Gobierno de Castilla y León, liderado por el Partido Popular, ha anunciado su intención de impugnar el real decreto de regularización masiva de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, argumentando que este decreto representa un 'impacto grave' para los intereses de la comunidad. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, indicó que aunque aún no se ha definido el procedimiento judicial, los servicios legales están trabajando en ello. Este decreto, que podría regularizar la situación de más de 500,000 inmigrantes, establece requisitos como haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar cinco meses de permanencia continua. El proceso de solicitud se abrirá hasta el 30 de junio y permitirá a los solicitantes obtener una autorización provisional de trabajo. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León considera que el decreto es contrario a la normativa europea y cuestiona el procedimiento de acreditación de residencia. La dirección nacional del Partido Popular también ha expresado su rechazo a esta medida.