El Gobierno de Gustavo Petro ha implementado un decreto que establece un límite del 30% para las inversiones de los fondos de pensiones colombianos en el extranjero, donde actualmente se encuentran cerca de $250 billones. Esta medida busca que los recursos regresen al país y se destinen a proyectos de inversión pública y privada. Sin embargo, la decisión ha generado críticas por parte de expertos y representantes del sector de fondos de pensiones, quienes advierten que esta restricción podría reducir la rentabilidad de los ahorros pensionales, aumentando el riesgo y limitando las posibilidades de jubilación para los trabajadores colombianos. El decreto también establece un régimen de transición de hasta cinco años para que las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) se adapten a este nuevo límite. La Contraloría ha señalado que una menor rentabilidad podría incrementar la presión fiscal y poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional.