En España, se ha observado un uso indebido de la justicia por parte de abogados y ciudadanos que interponen demandas infundadas, lo que no solo afecta la reputación de los imputados, sino que también colapsa los tribunales. Este fenómeno se manifiesta en diversas jurisdicciones, incluyendo la penal, administrativa y civil. Se menciona que abogados temerarios utilizan querellas para intimidar a la parte contraria en conflictos, mientras que fondos de inversión y grandes empresas presentan demandas masivas para presionar a deudores. El principio de 'ultima ratio' en el derecho penal establece que este solo debe aplicarse en casos evidentes de delito, evitando la persecución de situaciones que no deberían ser judicializadas. Además, se sugiere la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar la gestión de casos, así como la necesidad de normativas más estrictas que obliguen a las empresas a restituir a los consumidores de manera más eficiente. Por último, se destaca que las decisiones administrativas deben ser respetadas por los jueces, evitando que estos se involucren en cuestiones políticas o estéticas que no les competen.