Conflicto entre supervisores nacionales y la Comisión Europea sobre regulación de criptomonedas
Los supervisores nacionales chocan con la Comisión Europea sobre la vigilancia de las empresas cripto
El Pais
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Los supervisores de los 27 países de la Unión Europea están en desacuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de centralizar la supervisión de empresas de criptomonedas bajo la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Algunos países creen que la supervisión debería permanecer en manos de las autoridades nacionales, mientras que otros apoyan la centralización para evitar riesgos financieros transfronterizos.
- 01La Comisión Europea propone centralizar la supervisión de criptomonedas bajo la ESMA.
- 02Los supervisores nacionales están divididos sobre la propuesta, con preocupaciones sobre costos y eficiencia.
- 03Alemania y los Países Bajos han otorgado más licencias que Italia y Grecia en el primer año de MiCA.
- 04Se sugiere un modelo compartido donde la ESMA supervise a entidades significativas y los reguladores nacionales a las locales.
- 05El debate sobre la supervisión centralizada refleja la fragmentación entre las jurisdicciones de la UE.
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La regulación de las criptomonedas en la Unión Europea enfrenta tensiones entre la Comisión Europea y los supervisores nacionales. La Comisión ha propuesto que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) asuma la supervisión de las empresas de criptomonedas, argumentando que la naturaleza transfronteriza del sector y sus riesgos requieren un enfoque unificado. Sin embargo, muchos reguladores nacionales se oponen a esta centralización, argumentando que debería mantenerse la supervisión a nivel local. En el primer año de implementación de la legislación sobre criptoactivos (MiCA), se ha evidenciado una disparidad en la concesión de licencias: Alemania ha otorgado 50 licencias y los Países Bajos 22, mientras que Italia y Grecia no han concedido ninguna. Algunos países, como España y Bélgica, apoyan un modelo compartido, donde la ESMA supervise a los actores significativos, mientras que las autoridades nacionales se ocupen de las entidades más pequeñas. Este debate refleja la fragmentación y las diferencias en la regulación entre los estados miembros, lo que podría complicar la estabilidad financiera en la región.
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La centralización de la supervisión podría aumentar los costos para las empresas de criptomonedas y afectar la inversión en el sector. Además, podría limitar la capacidad de los reguladores nacionales para adaptarse a las necesidades locales.
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