Juez español acusa a empresario de fraude fiscal de 88 millones de euros
El juez atribuye un fraude fiscal de 88 millones al empresario que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez
Eldiario
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El juez José Luis Calama ha imputado al empresario Álvaro Romillo un fraude fiscal de 88 millones de euros relacionado con la omisión de ingresos en sus declaraciones fiscales. Romillo, conocido como 'CryptoSpain', enfrenta además cargos por una supuesta estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club, afectando a más de 3.000 inversores.
- 01Álvaro Romillo enfrenta un fraude fiscal de 88 millones de euros.
- 02El juez considera que hay indicios de conducta defraudatoria entre 2023 y 2024.
- 03Romillo está en prisión provisional desde noviembre de 2022 para evitar riesgo de fuga.
- 04El total defraudado incluye 30,7 millones de euros en 2023 y 49,1 millones en 2024 por IRPF.
- 05Se estima que la estafa afectó a 3.062 inversores por más de 185 millones de euros.
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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha atribuido un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros al empresario Álvaro Romillo, quien también está procesado por su supuesta implicación en una estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club. Según el auto judicial, Romillo habría omitido ingresos reales en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. Las cuotas defraudadas se estiman en 30.720.005,18 euros para 2023 y 49.117.091,37 euros para 2024, además de 2.247.336,80 euros y 6.068.774,76 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio. El juez ha decidido mantener a Romillo en prisión provisional para evitar el riesgo de fuga y reiteración delictiva, dado que se encuentra en esta situación desde noviembre de 2022. Este caso también involucra a otros nueve procesados y se estima que la estafa ha afectado a más de 3.062 inversores, quienes supuestamente perdieron más de 185 millones de euros entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
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Este caso de fraude fiscal y estafa piramidal podría afectar la confianza de los inversores en plataformas de criptomonedas y en la regulación fiscal en España.
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