El Gobierno de España ha defendido la adjudicación de 44,5 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) encabezada por Acciona para la construcción de la cárcel de Zubieta, en el País Vasco. Esta decisión está bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que indaga sobre posibles amaños en la licitación, vinculados a exsecretarios del PSOE, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En un escrito enviado al Congreso, el Gobierno argumenta que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, y justifica la descalificación de una oferta más baja por considerarla 'anormalmente baja'. Sin embargo, el Partido Popular ha planteado preguntas sobre la adjudicación, destacando que la UTE de Acciona no cumplió con el plazo de 22 meses para finalizar las obras, que ahora se espera que se completen para 2027. Además, Acciona ha reconocido pagos de 677.000 euros a Cerdán por trabajos cuya ejecución no ha podido ser comprobada, lo que ha levantado más sospechas sobre la transparencia de este contrato.