La Comunidad de Madrid se encuentra en medio de un debate sobre la modificación de la ley de grandes espectáculos, impulsada por el Gobierno regional para endurecer el control sobre eventos masivos. Francisco Martín, delegado del Gobierno, ha exigido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que retire el anteproyecto, argumentando que su objetivo es instrumentalizar la justicia y no proteger a los ciudadanos. Este anteproyecto, que se votará en la Asamblea de Madrid, permitiría al Gobierno personarse en procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que afecten a eventos de interés general. La ley actual, que regula estos espectáculos desde 1997, es considerada obsoleta y se busca reformarla en un contexto donde la región se esfuerza por convertirse en un centro de festivales y competiciones. La controversia se intensifica con la proximidad de grandes eventos, como los 11 conciertos de Shakira programados en el distrito de Villaverde, lo que ha llevado a Martín a solicitar garantías de seguridad para los asistentes. La falta de consulta con la ciudadanía y las partes interesadas en la elaboración del anteproyecto ha sido criticada por diversos actores, quienes argumentan que es necesario crear una nueva ley integral en lugar de realizar modificaciones aisladas.