El caso de San Salvador Atenco, donde en mayo de 2006 mujeres fueron agredidas sexualmente y encarceladas por la policía, sigue sin justicia tras 20 años. Yolanda Muñoz, Ana María Velasco y Edith Rosales, sobrevivientes de la represión, han enfrentado un prolongado proceso legal sin resultados. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó que el Estado mexicano debía investigar y reparar el daño a las víctimas, pero hasta ahora, la Fiscalía del Estado de México ha mostrado poco progreso. De las 11 denunciantes, solo tres han sido reconocidas en la investigación, y se han presentado múltiples solicitudes de procesamiento contra 19 policías, todas rechazadas por los jueces. Las sobrevivientes, atrapadas entre el dolor y la burocracia, siguen esperando que se haga justicia, deseando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La situación refleja la impunidad que prevalece en el sistema judicial mexicano, donde se estima que nueve de cada diez delitos nunca se resuelven.